La crisis económica frena los nuevos ingresos en las residencias de ancianos de la provincia

7 de Febrero de 2010

Los familiares desocupados o en paro se encargan de cuidar a sus mayores para ahorrar el coste del centro y percibir ingresos por la Ley de Dependencia

JOSÉ MARÍA SADIA El sector de las residencias de ancianos es fuerte, particularmente en la provincia, pero también está expuesto a la crisis. Lo dicen los responsables de los centros privados de mayores de Zamora, desde los que mantienen o incrementan la facturación -en parte, gracias al alivio que supone la Ley de Dependencia para las familias- hasta quienes acusan ya los efectos de la situación económica del país. En todos los casos coinciden: los residentes que ya están continúan, pero las plazas que quedan libres por fallecimientos tienen más problemas para encontrar relevo. La explicación es sencilla: el familiar que está desocupado o en paro atiende a la persona mayor, ahorra el coste del centro y, cuando corresponde, percibe ingresos a través de la prestación por Dependencia.

Un sector sólido. Aunque en otras provincias y comunidades hay noticias de bajas en las residencias por la acuciante situación económica de los familiares que costean el centro de mayores, en Zamora éste no es el problema. «En nuestro caso, estamos capeando el temporal bastante bien, incluso la facturación de 2008 y 2009 creció, pero somos conscientes de que el paro pueda estar afectando a familiares de residentes de otros centros, que no se plantean poner dinero para tener a su mayor en una residencia, porque lo primero es comer», explica Manuel Huertas, responsable de San Juan Bautista, en Ferreras de Abajo. «Puede que haya otros centros de la capital y de la provincia que les esté afectando la crisis. No es nuestro caso, aunque es cierto que el asunto del paro ha sido la comidilla la última semana y es un comentario habitual entre los familiares», asevera Carlos Casaseca, gerente del centro San Gregorio de la capital.

¿Cómo se traslada entonces la crisis a los geriátricos? La clave la explica Javier Amandi, miembro de Socisan, grupo con varias residencias en todo el país, entre ellas «La Plaza», en Moraleja del Vino. «Lejos de lo que se dice, nuestro sector está acusando la crisis y mucho. En Zamora, vemos que nuestros residentes son fieles, pero cuando dejan su plaza por fallecimiento, no hay relevo», explica Amandi, cuyo centro cuenta con un 20% de camas vacías.

Agilidad en la Ley de Dependencia. ¿Cómo se produce esa fidelización de los residentes? La respuesta es sencilla: la Ley de Dependencia está aliviando la situación de las familias. El nuevo plazo de tramitación, de hasta seis meses, da «tranquilidad» a los familiares, por su carácter retroactivo. «Cuando les reconocen la dependencia, saben que se van a beneficiar de la ayuda y que ese dinero lo tienen ahí», confirma Tránsito Navarro, gerente del centro Santa Marina en Villar del Buey. «La mayoría de nuestros mayores han trabajado en la agricultura o la ganadería y tienen pensiones muy bajas. Si pueden pagarse la residencia es, en muchos casos, gracias a la Ley de la Dependencia, que se la están concediendo a casi todos. La tramitan sin problemas y el dinero está llegando», admite Llanos Soriano, responsable de la residencia de Rabanales de Aliste.

Arma de doble filo. Sin embargo, hay quienes ven en la Dependencia un arma de doble filo. «Ahora mismo, si hay algún familiar en paro, prefiere cobrar la Dependencia como cuidador y eso nos está restando nuevos ingresos», explica Javier Amandi. Hay que tener en cuenta que internar a un mayor supone, de forma genérica, un coste de entre 700 y 1.700 euros que difícilmente pueden afrontar los familiares que estén afectados directamente por la crisis.

Dudas sobre el futuro. Acerca de los próximos años, los integrantes del sector se preguntan qué pasará con la Ley de la Dependencia y su dotación económica, ahora que el Ejecutivo central ha anunciado un necesario recorte en el gasto para cumplir el marco económico que dibuja Europa. «Actualmente, la Ley de Dependencia está llegando con rapidez, pero si se recorta el presupuesto, lo lógico será que se ralenticen las tramitaciones y, al final, que un menor número de personas accedan a las prestaciones», plantea Carlos Casaseca. Otra reflexión interesante tiene que ver con el empleo que generan las empresas del sector. «Tenemos unas condiciones laborales muy rígidas. Si se flexibilizara la contratación, absorberíamos más personal, porque nos hace falta. Sin embargo, en las condiciones actuales, no podemos asumir más contratos fijos de los que tenemos», apunta Javier Amandi, de Socisan.

La Opinión de Zamora